octubre 15, 2019 - Nota Económica

El fortalecimiento de las finanzas públicas del Distrito de Riohacha debe ser uno de los principales retos de la próxima administración local, con el fin de lograr mayores recursos propios, una mayor autonomía en las decisiones de inversión y una mayor capacidad y pertinencia de la inversión.

Las finanzas públicas son un elemento fundamental en la consolidación del Estado de derecho, debido a que uno de los papeles del Estado es garantizar el ejercicio de los derechos de los individuos y la promoción del bienestar de los ciudadanos que viven en su territorio. Al mismo tiempo son una pieza de corresponsabilidad entre los ciudadanos y el Estado. Por cuanto los primeros tienen el deber de aportar los recursos a través de los impuestos y designar al segundo como el administrador y ejecutor de los mismos con el fin de que a través del gasto ejercido se puedan satisfacer las necesidades de quienes aportan teniendo en cuenta los criterios de redistribución para lograr una mayor equidad en la sociedad, pertinencia, probidad, eficiencia y efectividad.

Pero de esta manera el deber no finaliza en el aporte por parte de los ciudadanos a través de los impuestos y en la buena ejecución por parte del Estado, sino que debe darse una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas que garantiza que el administrador pueda orientar mejor los recursos y que los ciudadanos verifiquen que se están utilizando de la mejor manera. Lo que en últimas nos dice que la base de esta relación de doble vía es la confianza. Sin ella esta relación no puede presentarse de manera fluida ni tampoco logrará sus objetivos de manera efectiva.

En últimas para que el Estado pueda responder a las necesidades y acciones prioritarias que demanda la sociedad en términos de bienestar, es necesario que cuente con los recursos suficientes para financiar las diferentes políticas establecidas en su plan de desarrollo. Al tiempo que debe garantizar la pertinencia, efectividad y eficiencia del uso de los recursos públicos de todos los ciudadanos.

De acuerdo al estudio que viene adelantando el Centro de pensamiento
Guajira360°, se identifica que en la actualidad en el municipio de Riohacha, la base fundamental de esta relación, la confianza, se encuentra debilitada. La cultura de pago de los contribuyentes de los impuestos es baja. Por ejemplo el indicador de efectividad del impuesto predial, que mide el nivel de pago de los contribuyentes con respecto al máximo recaudo posible, es el más bajo en las ciudades principales de la región Caribe y las ciudades comparables de acuerdo a su población y nivel de desarrollo.

A nivel general la cultura de pago y las dificultades de la administración local para llevar a cabo un recaudo mayor se reflejan en el indicador de recaudo de ingresos tributarios per cápita, que se calcula dividiendo los ingresos de los impuestos pagados por todos los ciudadanos sobre el total de habitantes de la ciudad. Dando como resultado cuanto aporta en impuestos cada ciudadano al año. En este indicador Riohacha es la de menor resultado, con un aporte de $105.128 pesos por cada habitante en 2018, siendo tan solo el 46% de lo aportado en Montería, la segunda con menor resultado del grupo de ciudades comparables.

Por otra parte el nivel de ejecución de los recursos por parte de la administración local está teniendo dificultades, debido en parte a la inestabilidad institucional reciente y factores internos de gestión que pueden mejorarse. Estas dificultades para ejecutar los recursos se reflejan en los amplios balances fiscales positivos al cerrar las vigencias, es decir que al cerrar el año quedan saldos positivos de dinero por ejecutar que han venido incrementándose en los últimos años. En últimas lo poco que tenemos no se invierte en el periodo designado, lo que indica que se deben identificar los cuellos de botella que están dificultando la ejecución de los recursos.

Esta dificultad de ejecución se refleja en los resultados de la Medición del Desempeño Municipal (MDM) realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la cual evalúa la gestión y los resultados de los municipios del país para así identificar los principales desafíos de la administración pública a nivel local. El área de gestión del indicador evalúa temas como la capacidad de generación de ingresos, el nivel de ejecución de los mismos, la transparencia de su uso y aspectos de planeación y ordenamiento del territorio. En el área de gestión, el municipio presentó el resultado más bajo respecto a las ciudades comparables de su grupo.

Por su parte el área de resultados, donde se evalúa si la ejecución de los recursos ha sido efectiva para mejorar los indicadores de bienestar de los sectores de inversión como educación, salud, servicios y seguridad. Es decir que también mide la pertinencia del gasto. Nuevamente Riohacha en esta área presentó los menores resultados. Al mirar en dónde se presentan las principales dificultades, se encontró que el sector de educación y servicios es el más rezagado. En este último se encuentran los recursos dirigidos a mejorar los indicadores de cobertura de energía eléctrica, de acueducto, alcantarillado y penetración de Internet.

Por último otro aspecto que mantiene el flujo virtuoso de corresponsabilidad de administración de las finanzas públicas de un municipio es su estabilidad institucional, no solo medida en la gobernabilidad, constancia de sus políticas, sino también en el cómo ejerce sus acciones. Cuando hay fallas en los procesos, es decir en el cómo, la administración incurre en errores que lo debilitan jurídicamente, pues será propensa a ser objetos de demanda por parte de los ciudadanos al ver incumplidos sus derechos.

En los últimos años, se ha presentado un incremento de las demandas y pretensiones en contra de la entidad, lo que pone en riesgo su estabilidad, ya que estas demandas originan un posible costo monetario si son falladas en contra de la administración, poniendo en riesgo su estabilidad financiera en cualquier momento. El posible costo monetario se denomina pasivo contingente, pues es algo que debe el Distrito y que puede ocurrir en cualquier momento una vez pierda la demanda o querella.

Es importante resaltar que en los últimos dos años la administración logró realizar un estudio técnico para establecer cuáles eras las obligaciones y lograr un cálculo de la probabilidad de fallo de las pretensiones. Lo cual representa un avance considerable en este tema. Ya en la vigencia 2018 se determinó que la probabilidad de fallo del total de las demandas es de alrededor del 30%, arrojando un valor a provisionar de $35.499 millones de pesos para asumir los costos monetarios de cualquier fallo en contra.

¿Dado lo anterior que se recomienda?

El Distrito de Riohacha ha venido adelantando una serie de acciones internas a nivel de gestión del recaudo de impuestos y para mejorar la gestión y ejecución de los recursos, sin embargo es necesario ser constantes en las políticas y darle prioridad al fortalecimiento fiscal.

De acuerdo al estudio “Fortalecimiento de la gestión fiscal, condición necesaria para el desarrollo de Riohacha” adelantado por el centro de pensamiento Guajira360° se han identificado 5 retos y recomendaciones en materia de gestión fiscal a las cuales se les debe dar prioridad en los próximos años con el objetivo de tener los insumos suficientes para garantizar una administración local efectiva, eficiente y pertinente para el desarrollo.

  • Fortalecer el recaudo de recursos propios, es decir ingresos tributarios (impuestos locales) y no tributarios (contribuciones, recursos por multas y sanciones, entre otros). Para el caso del impuesto predial se hacer urgente realizar los protocolos de procesos de cobro regular, persuasivo y coactivo con el objeto de generar una cultura de pago y obligar a organizar y formalizar internamente los procesos. Realizar un análisis técnico del estatuto tributario para reformarlo y así tener el sustento jurídico adecuado para los distintos impuestos. Urgente el caso de los códigos CIIU para el impuesto de Industria y Comercio. Lograr un consenso político en el que se establezca como prioridad el fortalecimiento de los elementos jurídicos para una buena consecución de ingresos. Por ejemplo no aprobar amnistías tributarias ni condonaciones de intereses masivas pues esto afecta la cultura de pago del contribuyente. Realizar campañas de visibilización de destinación de los impuestos de los ciudadanos para generar una mayor confianza en la administración. Garantizar la armonización y coordinación de los procesos de recaudo de ingresos, registro contable, planeación y ejecución del gasto.

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  • Fortalecer los procesos relacionados con la gestión, administración y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones. Para esto es necesario cumplir con el plan de mejora establecido por el DNP, donde las principales acciones se orientan a fortalecer los procesos de reporte de información, fortalecer la planeación, ejecución y reporte contable adecuado de los recursos financieros con un sistema articulado, establecer esquemas de defensa jurídica de los recursos, depurar las deudas del sector asumidas antes de la medida correctiva, conformar un equipo técnico capacitado que esté articulado con las distintas dependencias de la administración involucradas en el manejo de los recursos como son secretaría de hacienda, presupuesto, tesorería y talento humano.
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  • Fortalecer los procesos de planeación financiera de mediano plazo en materia de ingresos y gastos. Es necesario implementar las mejoras que establece el Departamento de Apoyo Fiscal en la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Es necesario revisar las metas establecidas en el plan de desarrollo y presupuesto anual, ya que los indicadores de efectividad demuestran que hay fallas en la planeación.
  • Fortalecer la oficina de defensa jurídica del Distrito. Implementar procesos de identificación de riesgos jurídicos con el fin de prevenir demandas en contra de la administración local. Realizar una actualización constante de los procesos en contra y la medición de la probabilidad de fallo. Así mismo se hace necesario la provisión de recursos con el fin garantizar un fondo que pueda financiar dichas contingencias. Establecer una comunicación entre la oficina jurídica, sus resultados y las distintas dependencias con el fin de implementar planes de acción de mejora de la gestión para minimizar los riesgos de futuras demandas.
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  • Realizar un análisis técnico que identifique las necesidades en procesos de gestión interna con el fin de implementar acciones de mejora de procesos de gestión de ingresos y gastos. Dado que la administración tiene debilidades para ejecutar los recursos es necesario identificar los cuellos de botella para determinar si las mejoras deben ir encausadas en estandarización de protocolos, mejora de software o equipos, mejora de procesos, incremento del personal disponibles, entre otras.

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