marzo 24, 2020 - Notas 360° | Principal

En las tres décadas de operación de Cerrejón en el departamento de La Guajira, se han registrado 2 huelgas, la primera en 1991 y la segunda entre febrero y marzo de 2013. Esta última paralización en las operaciones tuvo un impacto negativo en la economía del departamento y en los ingresos de la población. Hoy, el riesgo de la huelga vuelve a posarse sobre Cerrejón, La Guajira y toda Colombia.

Los indicadores económicos nos permiten establecer que el departamento de La Guajira es un territorio particular a nivel nacional por la composición de su estructura económica y su alta dependencia del sector minero.  De acuerdo con las últimas cifras disponibles del DANE, el PIB de La Guajira (2018 preliminar) es de 11.151 miles de millones de pesos y su composición sectorial nos muestra que, el sector de minas y canteras representa el 43.1%. Sumado a esto, a diciembre de 2019, las hullas (carbón mineral) representaron el 99,3 % de las exportaciones del departamento.

Composición sectorial del PIB 2018
Fuente: Cuentas departamentales – DANE. Elaboración Guajira 360º

En ese sentido, la suspensión en las operaciones de la empresa Cerrejón sería un golpe certero a la economía guajira, ya debilitada y poco competitiva. Esto se sumaría a los impactos negativos de la pandemia del COVID-19, que, con la cuarentena anunciada por el gobierno, generará unos efectos nefastos en la economía departamental, como la reducción en los ingresos de la población, la perdida de empleos formales, la baja producción y el aumento en los precios de los bienes y servicios. Para el país y los municipios también supone algunas consecuencias, pues se dejarían de percibir regalías e impuestos, que en 2019 fueron aproximadamente 1.7 billones de pesos.

Crisis de Cerrejón

Esta huelga se podría dar en medio de una de las crisis más fuertes de la historia para la multinacional minera. La reducción del precio del carbón en más de un 50% en el último año y medio y la disminución de la demanda (se ha pasado de 30,4 millones de toneladas exportadas en 2018, a 26,3 millones de toneladas en 2019) derivada de la transición de los mercados de Asia, Norte América y Europa hacia las energías de gas natural, solar y eólica, han puesto a la empresa en un contexto retador. A su vez, las 177 tutelas en contra de la compañía han dificultado y retrasado la expansión de la operación con proyectos como el tajo La Puente, suspendido tras un fallo emitido por la Corte Constitucional a finales de noviembre del 2017.

Esta crisis ha empezado a generar efectos negativos en los empleados y sus familias. Cerrejón inició un proceso de transformación y cambios en la estructura organizacional, ajustándola a la coyuntura del mercado del carbón, por tal motivo, tomaron medidas que incluyeron la reducción de los cargos gerenciales y administrativos.

Pese a lo anterior, es importante establecer que, en medio de la crisis, Cerrejón sigue ofreciendo una serie de beneficios a sus empleados: más de 21.300 trabajadores, sus cónyuges e hijos, tienen hoy un plan de medicina prepagada, subsidiado en un 75% por la empresa. A este beneficio de salud se suman auxilios educativos universitarios, préstamos de vivienda, bonos, alimentación en el trabajo y transporte gratuito. En programas educativos, Cerrejón invierte al año más de $20.500 millones de pesos, mientras que, en préstamos de vivienda, el programa ha otorgado desde sus inicios más de 184.000 millones de pesos. A pesar del contexto adverso en el que se encuentra Cerrejón, la multinacional establece que esta dispuesta a que estos beneficios se mantengan en la actual oferta a los sindicatos para la firma de la Convención Colectiva.

Nota Final

De materializarse la huelga se agravaría la crisis de la empresa, se estima que se perderían 5.500 millones de pesos diarios por concepto de pago de regalías, impuestos, salarios, compras a terceros, movimientos financieros y sobretasa de combustible. Lo anterior, impactaría notablemente la economía de La Guajira, pero sobretodo la de aquellos municipios cercanos a la operación, donde la mayoría del comercio, negocios y transacciones de la zona giran en torno a la demanda y la capacidad adquisitiva de los empleados y contratistas de Cerrejón y sus familias.

Los sindicatos están en todo su derecho y es totalmente legítimo y necesario que sigan ejerciendo su rol para garantizar las  mejoras salariales, prestacionales y condiciones de trabajo de los empleados, no obstante, el contexto de crisis del mundo por el COVID-19, del país, del departamento y de la empresa, obligan a insistir en la negociación para lograr un acuerdo balanceado en el que se garanticen mejoras y beneficios para los trabajadores y que asegure la competitividad y sostenibilidad de la empresa, de tal forma que, siga siendo rentable para sus accionistas y genere ingresos para los municipios productores y el gobierno central.

Este panorama debe llevar a reflexionar sobre la necesidad de La Guajira de disminuir la dependencia del sector minero, es imperante potencializar sectores como el comercio, turismo, construcción, agricultura entre otros. Los planes de desarrollo que se encuentran en formulación son una ventana de oportunidad para trazar hojas de ruta para el fortalecimiento de estos sectores, a su vez, las entidades territoriales deben dirigir esfuerzos para aumentar sus recursos propios y reducir su dependencia de las regalías y las transferencias.