Las administraciones locales en La Guajira, tienen como reto principal cimentar las bases para el progreso y desarrollo del territorio. Las grandes deficiencias en la prestación de los servicios públicos, los altos índices de pobreza y los bajos niveles de competitividad han incidido en el rezago y subdesarrollo del departamento.

Las instituciones públicas afrontan el reto del manejo de la pandemia del Covid-19 y de la era de la reactivación económica, sin embargo, tienen la obligación de iniciar a dar cumplimento a las metas de los planes de desarrollo y a materializar su visión territorial.

El primer paso para afrontar este doble desafío, es la implementación modelos de gestión pública eficiente, orientados al fortalecimiento  institucional de administraciones eficientes, transparentes y participativas.

No obstante, en los indicadores de desempeño donde miden la calidad institucional de los municipios de La Guajira, queda en evidencia el largo camino por recorrer y la correlación entre este pilar de desarrollo y el rezago socioeconómico del departamento.

En el Índice de Ciudades Modernas del Departamento Nacional de Planeación (2019), los municipios de La Guajira fueron calificados con un desempeño bajo en la dimensión de gobernanza, participación e instituciones. Lo anterior sustentado en el bajo recaudo de tributación predial y la poca participación de los recursos propios en la inversión.

De igual forma, el Índice Departamental de Competitividad (2019), confirma el bajo desempeño institucional en el departamento. En este pilar, La Guajira ocupa el puesto 32 a nivel nacional. Los indicadores con peor calificación son los de gestión de las regalías, capacidad local de recaudo, autonomía fiscal y capacidad de ahorro.

Lo anterior coincide con la poca confianza y  mala reputación de los ciudadanos y la opinión pública nacional sobre las instituciones públicas y líderes políticos en La Guajira. En ese sentido, se hace necesario acudir a la innovación pública para constituir modelos de gobierno en el que el ciudadano sea protagonista al asumir un rol consultivo, decisorio, de control y de fiscalización en los asuntos públicos.

La crisis institucional de La Guajira obliga a la adopción de mecanismos exitosos de gestión pública y participación ciudadana. En ese contexto, la implementación de procesos de presupuestos participativos en los municipios del departamento  es una oportunidad para que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones y se garantice una mayor eficiencia y transparencia de la gestión de recursos públicos a través de la rendición de cuentas y el ejercicio de control social.

¿Qué es el Presupuesto Participativo?

Es un mecanismo sólido de gestión conjunta de los recursos públicos a partir de decisiones compartidas sobre la distribución de los fondos presupuestarios. Ésta herramienta implica que la comunidad defina prioridades, decida y realice control social sobre las decisiones acordadas.

Este modelo hace énfasis en que el tema presupuestario no se puede reducir a las esferas gubernamentales (alcaldías y concejos), pues se deben integrar todas las organizaciones sociales y habitantes de los barrios, corregimientos y resguardos a deliberar acerca de las  soluciones a las necesidades colectivas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

La estructura del presupuesto participativo fue promovida por primera vez, a finales de la década de los ochenta, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.  Según Boaventura de Sousa Santos esta forma de administración pública buscaba romper con la tradición autoritaria y patrimonialista de las políticas públicas, recurriendo a la participación directa de la población en diferentes fases de la preparación y de la distribución presupuestal.

En el mundo, y como consecuencia del éxito rotundo y eficiencia del modelo, son varias las ciudades que han adoptado y experimentado el procedimiento de la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto.

En el caso colombiano, se ha implementado en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barrancabermeja y Pasto; así como en algunos municipios de Risaralda, Tolima y el Magdalena Medio. Sin  embargo, a diferencia del modelo de Porto Alegre, en las ciudades colombianas no existe un ejercicio juicioso de fiscalización y control social sobre el presupuesto elaborado entre la comunidad y la administración municipal.

Instituciones como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), han promovido y divulgado el modelo de presupuesto participativo y los procesos que integren a la ciudadanía en los asuntos públicos como mecanismos para promover eficiencia y capacidad de respuesta en el proceso de gestión pública. 

¿Qué aportan los  presupuestos participativos?

El presupuesto participativo es una herramienta eficaz de relación permanente de los ciudadanos con el gobierno municipal. Es un modelo de gestión pública democrática que permite a la población participar de forma directa y voluntaria en los asuntos públicos de la ciudad, de esta forma la comunidad tendrá la capacidad de priorizar recursos, formular proyectos, proponer la distribución de los recursos de inversión y realizar control social a la ejecución.

Principios generales para facilitar el éxito

Benjamin Goldfrank de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos presenta los siguientes factores claves para el éxito de estos procesos.

Voluntad Política: los gobernantes de turno y en especial los alcaldes y los funcionarios encargados de implementar el proceso deben estar convencidos de la importancia de la apertura de canales de participación ciudadana y de co-decisión.

Capital Social: la comunidad debe tener constituidas asociaciones civiles dispuestas a participar en el proceso de co-gestión municipal. Los gobiernos municipales debn  garantizar la formación de los ciudadanos interesados en participar en el proceso.

Personal Competente: las alcaldías deben contar con funcionarios preparados, técnicamente calificados y dispuestos al cambio de modelo.

Plataforma Legal: las leyes y normas deben permitir e incentivar la participación ciudadana en los temas de planificación presupuestaria.

Deliberación: los participantes deben tener discusiones y deliberaciones cara a cara, de igual forma la comunidad debe gozar de poder de decisión en la construcción del presupuesto y priorización de inversiones a realizar.

Reglas e información asequible: las reglas de juego, los momentos, las etapas y  los criterios para asignar los recursos deben ser claros y accesibles a la comunidad en general.  

Control Social: la administración debe asumir el compromiso de rendición de cuentas y facilitar la vigilancia y control social sobre los compromisos adquiridos.